El Gobierno de Pedro Sánchez celebra el 1 de mayo cumpliendo con los compromisos adquiridos con la clase trabajadora en España

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El Partido Socialista volvió a participar el pasado 1 de mayo en la fiesta de los trabajadores y trabajadoras de este país. El lema de este año para la concentración convocada por CCOO y UGT ha sido ‘La Solución. Subir salarios, contener precios, más igualdad’, y el Gobierno de España está cumpliendo a pesar de una legislatura que está resultando complicada por razones obvias: una pandemia, un temporal que asoló prácticamente todo el territorio español, un volcán en erupción, una invasión de Rusia en Ucrania que ha desembocado en una guerra y una oposición que trata de que España, cada día, sea un país peor.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez camina con paso firme aprobando leyes en beneficio del bienestar social, acordando con los representantes de los trabajadores y y de los empresarios medidas que traten de paliar las carencias de la clase trabajadora que, además, suponen avances en la economía del país.

Las acciones del Gobierno del Partido Socialista en coalición con Unidas Podemos se centran en cinco grandes pilares: la derogación de la Reforma Laboral, la nueva Ley de las Pensiones, el Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la Ley de Estabilización del Empleo en la Administración Pública. Todas consensuadas con los agentes sociales y con la mayoría de formaciones políticas en el Parlamento, a excepción de la derecha y la extrema derecha españolas, que aboga por defender a las clases sociales más bajas pero que luego vota en contra de sus intereses.

La Reforma Laboral

El pasado 30 de diciembre entró en vigor la nueva Reforma Laboral, que ha revertido una situación que colocaba a España entro los países más precarios respecto al mercado de trabajo de toda Europa. La nueva reforma corrige la temporalidad excesiva, provocando que muchos de estos contratos hayan pasado a ser indefinidos, otorgando una estabilidad laboral en los trabajadores más que necesaria.

Ademas, favorece la negociación colectiva, mejorando las condiciones de trabajo sin que las empresas pierdan elementos de flexibilidad interna, tal y como exige la Unión Europea.

También incorpora a la legislación ordinaria los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que sustituirán a los utilizados en pandemia, pero con el mismo objetivo: evitar despidos.

Por otra parte desaparece el contrato por Obra y Servicio, que es el que más ha contribuido a la temporalidad, se potencia el contrato fijo-discontinuo, permitiendo que a estos trabajadores se les reconozca toda la antigüedad y she rediseñan los contratos formativos, que pretenden luchar contra la explotación de los becarios y su incidencia en la contratación de personal fijo.

Se mantiene la prioridad aplicativa del convenio empresarial respecto de los convenios sectoriales salvo al salario y los complementos y se endurecen las sanciones para evitar el fraude.

La nueva Reforma de Pensiones

A pesar de la inflación, del actual momento de crisis debido a la pandemia del COVID-19 y al actual conflicto por la invasión de Rusia en Ucrania, el Gobierno de España garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas. 

Esta reforma incluye medidas como la revalorización de las pensiones; la eliminación del factor de sostenibilidad aprobado en 2013; las bonificaciones a alargar la edad activa; las penalizaciones a las prejubilaciones y la separación de las fuentes de financiación.

La nueva reforma de las pensiones tiene como objetivos garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.

Ingreso Mínimo Vital

Una de las mayores medidas sociales que ha abordado el Gobierno de Pedro Sánchez es el Ingreso Mínimo Vital, que supone el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia. No solo constituye un avance clave nacional, sino que hace de España un referente en materia de justicia social.

Lo que garantiza este ingreso es la supervivencia mínima para cubrir las necesidades básicas de cualquier familia sin ingresos.

Esta medida garantiza que todos y todas las ciudadanas de nuestro país cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir dignamente. Por ello no es una prestación con duración excepcional, sino, todo lo contrario, tendrá un carácter indefinido.

La Subida del Salario Mínimo

La derecha y la extrema derecha calificaron esta subida como el desastre más absoluto para fomentar el empleo en España. Afirmaron que con la subida del salario mínimo se producirían cientos de miles de despidos y lo que ha sucedido es que la afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado los 20 millones, algo insólito en la historia de España.

El incremento supone que el salario mínimo para cualquier actividad quede fijado en 33,33 euros al día con carácter general; los empleados de hogar deberán percibir un mínimo de 7,82 euros brutos por cada hora trabajada y 47,36 por jornada legal.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, destacó el pasado mes de febrero que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, el Salario Mínimo Interprofesional se ha incrementado un 33,5%, pasando de 735 euros a 1.000. La medida repercutirá en un mayor bienestar de los trabajadores, en especial de los más jóvenes y de las mujeres.

Estabilización del empleo público

Ya está en vigor la nueva Ley de Interinos, que persigue atajar la temporalidad. La norma reserva concursos, sin oposiciones, para puestos de trabajo en la Administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años.

El objetivo es reducir la temporalidad del conjunto de las Administraciones por debajo del 8%, una ratio que a día de hoy sí cumple la Administración General del Estado.

Se trata de un compromiso que adquirió el Gobierno con la Unión Europea a través de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación y supone también cumplir con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo sobre la materia.

Con estas acciones, el Gobierno de España cumple con sus compromisos y, sobre todo, con los derechos de los trabajadores.

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