EDITORIAL: Seguir defendiendo los derechos LGTBI

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La Real Academia de la Lengua Española define la fobia, en una de sus acepciones, como “temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones, que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión”. Este acto, a título individual, es cuestionable y reprobable, porque la fobia es lo más parecido al odio y el odio no suele ser un buen compañero de viaje, sobre todo si se aproxima a la agresividad.

Cuando la fobia pasa de ser un gesto individual a uno colectivo que, además, tiene representación institucional la cosa se vuelve peligrosa, porque puede instigar a hechos y acciones que puedan poner en riesgo la salud de ciertas personas. Y esto es algo que hemos podido comprobar recientemente con la agresión a Samuel Luiz, en A Coruña, que acabó con su vida. También en el día a día, en el que son muchas personas LGTBI las que sufren agresiones o acosos por el mero hecho de no pertenecer al grupo que la extrema derecha y la derecha extrema consideran como “natural”.

La aparición de VOX en el panorama político está ocasionando un daño gravísimo, y lo que es peor, está arrastrando al Partido Popular, un partido conservador que está adquiriendo tintes antidemocráticos por ceder a los chantajes de la extrema derecha. En la Comunidad de Madrid el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos está llevando al Isabel Díaz Ayuso a un terreno pantanoso, en el que, históricamente, el fascismo se ha sentido bien, pero que retrocede en derechos adquiridos en favor de la libertad.

La lucha de las personas LGTBI, y los avances legislativos en torno a ella, ha permitido situar a España entre uno de los países que mejor legisla en este ámbito y en el que la sociedad más respeta a lesbianas, gais, personas trans y bisexuales. En 2005 se produjo un hito histórico en nuestro país con la llegada de la ley que regulaba el matrimonio igualitario. En 2007 llegó también una ley histórica y pionera que dotaba de derechos a personas trans, permitiendo su cambio de sexo registral y los recursos públicos necesarios para acceder a las cirugías necesarias.

A la Comunidad de Madrid este avance legislativo llegó en 2016, con dos leyes autonómicas que, en el ámbito de las competencias regionales, ampliaban y reconocían derechos tan importantes como la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, el reconocimiento de la identidad de las personas trans y la garantía de su asistencia sanitaria, o la educación en la diversidad en las aulas para prevenir el acoso escolar por LGTBIfobia.

Sin embargo, estas leyes se encuentran hoy en peligro, porque a la falta de desarrollo y reglamentación por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid se suma ahora una “Propuesta de ley de igualdad y no discriminación”, presentada por el Grupo VOX, que tiene por objetivo derogar dichas leyes, atacar los derechos de las personas migrantes y retroceder en los avances logrados por las mujeres.

VOX, además de ser un partido negacionista, es un partido que pretende limar cualquier derecho que otorgue libertad a quien no es como ellos, a quien no piensa como ellos. Y este negacionismo avala que se sigan sucediendo asesinatos machistas, agresiones en la vía pública a personas LGTBI y discursos y delitos racistas hacia personas migrantes. La legislación que pretende implantar la extrema derecha va en contra de los avances en materia de derechos civiles y humanos, va en contra de toda la normativa europea en materia de diversidad sexual y de igualdad entre hombres y mujeres, va en contra de lo que piensa la mayor parte de la sociedad española, que acepta en más de un 90% a las personas LGTBI.

Ante esta tesitura es imprescindible que la sociedad y, sobre todo, el resto de formaciones políticas sigan apoyando las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.

También se torna fundamental la creación por parte del Gobierno regional, del Consejo LGTBI recogido en la Ley 3/2016, y que tiene como misión la fiscalización de ambas leyes y rechazar la Propuesta de Ley de Igualdad y no Discriminación, presentada por el Grupo VOX. Solo de esta manera, el resto de la sociedad podremos decirle a la extrema derecha que no secundamos sus argumentos, unos argumentos fascistas y discriminatorios que atentan contra la libertad. Y el Partido Popular tiene una magnífica ocasión para demostrar que quiere seguir formando parte de la democracia. Es sus manos está.

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