EDITORIAL: Invisible y de perfil

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Si algo ha caracterizado a la alcaldesa de Aranjuez durante estos dos años de legislatura ha sido el don de la desaparición. No ha habido noticias suyas durante este año y medio largo de crisis sanitaria y económica, no ha comparecido ante los numerosos problemas que han ido resquebrajando a esta ciudad y, sobre todo, no ha mostrado ningún compromiso con la sanidad ni la educación pública, hecho que certifica que el cometido que le obliga desde su posición de máxima representante de esta ciudad ha brillado por su ausencia, negando la defensa del interés general y declamando mentira tras mentira para justificar unas políticas locales y regionales que en nada han beneficiado a quienes representa.

María José Martínez sigue siendo nociva para esta ciudad, y eso es algo que se expresa en la situación que vive Aranjuez en la actualidad. El abandono, la suciedad, la falta de mantenimiento y el derrumbe de varios edificios vitales para la actividad cultural son solo el inicio de un ocaso que no parece tener fin bajo su mandato. Los vecinos ya le recordaron en las pasadas elecciones municipales que su gestión en la anterior legislatura en la que gobernó no estuvo bien valorada. Hay que recordar que Martínez ha perdido 8 concejales desde que fue alcaldesa por primera vez, y ese es un hecho que delata que esta ciudad no merece que la siga gestionando.

Pero si de algo puede presumir la primera edil de esta ciudad es del servilismo, la sumisión y el clientelismo hacia el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, a quien en dos años la alcaldesa ha sido incapaz de reclamar nada en cuestiones tan importantes como las sanitarias o las educativas. Martínez jamás ha estado al frente de las reivindicaciones de sus vecinos, no ha reclamado más recursos materiales y personales para el Hospital o los centros de salud, no ha solicitado la apertura del servicio de Urgencias de Abastos y no ha experimentado interés alguno por la situación de los centros educativos de la ciudad.

La última prueba de que el sistema público tiene un interés mínimo para ella es la enmienda que presentó el Gobierno local a la propuesta sobre educación que elevaron al Pleno los tres grupos progresistas: PSOE, InPar y Unidas Podemos, una propuesta que recogía todas las peticiones de la comunidad educativa y que la alcaldesa remendó, presentando una propuesta de sustitución a través de un delegado de Educación caduco y adulador incapaz de imponer ante la máxima mandataria los compromisos que adquiere en la Permanente del Consejo Escolar, consejo que, por cierto, la alcaldesa solo ha convocado en dos ocasiones en estos dos años de legislatura: una para constituirlo y otra en la que ni siquiera lo presidió y ha dejado que se desvanezca al no convocar una renovación de sus cargos. Lejos queda su compromiso ante los representantes de la educación, a quienes prometió en campaña electoral que lo convocaría de manera periódica.

La educación pública es uno de los pilares de nuestra sociedad y eso es algo que el Partido Popular no va a cambiar por más que lo intente, a pesar de insistir e insistir en favorecer a la educación concertada, desviando recursos de la pública y desarrollando un sistema político que lo que pretende es desviar al alumnado amparándose en una falsa libertad de elección mientras se cierran aulas en los centros públicos donde, habitualmente, se supera la ratio legal. Y todo esto lo avala María José Martínez, a quien no le interesa abrir un debate sobre la educación pública y lo expresa presentando enmiendas con el fin de aparentar sin ser aparente. 

En la Comunidad de Madrid, año tras año, se supera la ratio por encima del límite legal, se cierran unidades en los centros públicos mientras se mantienen las de los centros concertados donde, además, se beca a los alumnos, se dispone del 10% del cupo reservado para el periodo extraordinario, destinado a repetidores o nuevos alumnos, en la matriculación del período ordinario, se despide a miles de docentes debilitando a la educación pública y se anuncian políticas en contra de la nueva Ley de Educación, que lo que defiende es la igualdad, la equidad y la calidad de la enseñanza.

La alcaldesa y el delegado de Educación no tenían interés alguno en discutir sobre la educación pública en Aranjuez y por eso presentaron una enmienda, sin tratar de consensuar, que hubiese sido lo pertinente, a una propuesta que los grupos progresistas presentamos ante la desconfianza que genera el Gobierno municipal que, en realidad, debería haber sido quien presentase esa propuesta. Ni Martínez ni López de las Hazas han querido abordar un problema de fondo que han pretendido camuflar bajo un informe con varias inexactitudes tratando de desviar la atención en un asunto capital para la comunidad educativa de esta ciudad.

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