EDITORIAL. Un derecho más para el avance de la sociedad

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La pasada semana el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley de Eutanasia, puesta en marcha por el Partido Socialista. De esta manera, España se convierte en el quinto país del mundo en regularla. Los solicitantes deberán sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.

La nueva ley entrará en vigor dentro de tres meses y es un nuevo logro social que pone en marcha el Partido Socialista. Hay que recordar que la socialdemocracia ha impulsado en España leyes como la del divorcio, la del aborto, la del matrimonio entre personas del mismo sexo, la de sanidad, la antitabaco, contra la violencia machista, la de igualdad, la de dependencia, la de memoria histórica, la de reproducción asistida, la de investigación biomédica o la del ingreso mínimo vital. Son avances sociales que, en su mayoría, la derecha ha votado en contra e, incluso en algunos casos, ha tratado de judicializar si éxito. También la derecha de este país ha votado en contra de esta nueva ley de Eutanasia, un procedimiento que ha llevado a cabo en la mayoría de las leyes antes citadas para, después, hacer uso de ellas con total hipocresía.

La derecha española es como ese trabajador ‘esquirol’ que deshecha participar en una huelga cuando se reivindican derechos y, después, se aprovecha de ellos, del esfuerzo de sus compañeros que asumen con total normalidad que el éxito en la reivindicación tiene un coste tanto económico como social dentro de su empresa a ojos de sus jefes. El Partido Popular y, ahora también VOX, han puesto el grito en el cielo contra leyes que han significado un avance imprescindible en el bienestar social. Han criticado con esmero leyes como la del matrimonio igualitario, la del divorcio o la del aborto de la que han hecho uso una vez aprobadas sin un minino sonrojo. Que a nadie le quepa duda que, con esta nueva ley que se acaba de aprobar, harán lo mismo sin reprocharse a sí mismo el haberla votado en contra.

Esta nueva Ley de Eutanasia es algo muy necesario, básicamente porque las personas deben poder decidir libremente cómo quieren vivir su vida y porque, además, es algo totalmente opcional y nadie puede obligarte a hacer uso de ella. Otro de los motivos es que son muchos los profesionales sanitarios que consideran tan importante como curar las enfermedades, garantizar una muerte digna, de acuerdo con la libre decisión de la persona y porque, es una evidencia, que casos como el de María José y Ángel, que fue el que puso el debate sobre la mesa de manera definitiva, no pueden ser castigados con pena de cárcel, porque esa ayuda desinteresada y benéfica prestada a una persona que con pleno conocimiento rechaza una vida de sufrimiento o un final indigno y solicita ayuda para morir no puede estar desprotegida.

Carlos Barra, dirigente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que ayudó a elaborar la proposición de ley, ha expresado que “esta ley significa reconocer en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho subjetivo de las personas, el derecho a pedir ayuda para morir cuando las condiciones resultan insoportables”.

Los reproches injustificados que la derecha de este país hace de manera deliberada y con premeditación e hipocresía se sustentan, entre otras cosas, en que la persona que solicite este proceso puede no estar en perfectas condiciones de hacerlo. Sin embargo, este argumento se derriba con el propio texto de la lay, que dice que “si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia primero dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia, por ejemplo si la persona no puede escribir) separados por 15 días y que haga patente que no es resultado de ninguna presión externa. Después de la primera solicitud, el médico responsable del caso deberá realizar con el paciente solicitante un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita. El paciente, tras ello, deberá confirmar su intención. También después de la segunda solicitud debe haber una reunión médico-paciente para asegurar que este sabe lo que pide”. En definitiva, serían cuatro las veces que el paciente debe confirmar su voluntad, y todas deben quedar reflejadas en su historia clínica. Además, después de que la comisión de evaluación apruebe el procedimiento, el paciente deberá volver a asentir y, por supuesto, el interesado puede detener el proceso cuando quiera.

Lo que se deduce del magnifico trabajo realizado por la ex ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, y el ex ministro Salvador Illa es que se trata de una ley extremadamente garantiste uy que, una vez más, el Partido Socialista vuelve a contribuir en un derecho social que posibilita avanzar hacia un futuro que si dependiese del Partido Popular y de VOX sería tan oscuro como su triste pasado, su lamentable presente y su preocupante futuro.

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