El derecho a la vivienda es un derecho constitucional e internacional, no comprarse un Rolls Royce

Montserrat García: “hacer estas afirmaciones, como ha hecho la concejala de Ciudadanos, Romina Giovannella, es mandar el mensaje de que quien pueda comprarse una vivienda que lo haga y el que no pueda, que se aguante”.

La concejala de Ciudadanos, Romina Giovannello, expresó en las pasadas Comisiones Informativas, respecto a la propuesta presentada por Unidas Podemos relativa a la regulación de los precios de alquiler, que la vivienda “no es un derecho fundamental y que comprar una vivienda era como comprarse un Rolls Royce”. Estas afirmaciones “evidencian un liberalismo extremo en Ciudadanos, el partido que hace cuatro días se presentó como socialdemócrata y que hoy, sin ninguna duda, anda más cerca de la derecha extrema que del centro que pretenden ubicar, tal vez por la cercanía de quienes posibilitan los gobiernos en los que participan”, ha señalado la portavoz del grupo Socialista, Montserrat García.

García ha expresado que “afirmar que comprar una vivienda es como comprar un Rolls Royce, uno de los coches considerados de más lujo en el mundo, es mandar el mensaje de que quien pueda comprarse una vivienda que lo haga y el que no pueda, que se aguante”. La portavoz socialista mantiene que “es un discurso elitista, como el que pregona Ciudadanos en todos los ámbitos sociales, sin considerar que el derecho a una vivienda digna es un derecho constitucional aunque, tal vez, la señora Giovannella no conozca la Constitución española o, si la conoce, pretenda pasarla por alto, a pesar de que a Ciudadanos se le llena la boca en defensa de la Constitución”.

“Afirmar que comprar una vivienda es como comprar un Rolls Royce, uno de los coches considerados de más lujo en el mundo, es mandar el mensaje de que quien pueda comprarse una vivienda que lo haga y el que no pueda, que se aguante”

La portavoz socialista sostiene que “el propio texto define que los poderes públicos ‘promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes’ para ofrecer vivienda y en Ciudadanos deben estar aún buscando su identidad para saber si son defensores de lo público o no, aunque deberían comenzar a interiorizar que son servidores públicos y que le deben un respeto a los ciudadanos y a la propia Constitución”.

Amnistía Internacional explica que la cuestión de promover vivienda es clave “para analizar y buscar soluciones a la grave crisis residencial provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y sus terribles efectos sociales, con más de 650.000 desahucios en la última década, a razón de 180 diarios y 65.000 anuales”. Esta situación, afirman, se ha complicado por el fuerte aumento del precio de los alquileres, “por eso la señora Giovannella y su grupo deberían empatizar más con los problemas de la sociedad en lugar de expresar semejante barbaridad, en la que enfocan el problema en la diferencia de clases: si tienes dinero, duermes bajo un techo, ese es el resumen de su brindis a la alta sociedad cuando lo que se está buscando desde el Gobierno progresista es ofrecer las mismas oportunidades a todo el mundo algo que, por lo que parece, no les gusta a Ciudadanos”.

Por otra parte, no hay que olvidar que la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona, en su artículo 25.1, el derecho “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo ratifica en su artículo 11.1 al reconocer «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidas alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

García ha finalizado expresando que “se puede estar de acuerdo o no con una forma de hacer política pero lo que no debería olvidar nunca la señora Giovannello es que no se puede frivolidad con los problemas de los ciudadanos, sobre todo con las familias más vulnerables, que no piden un Rolls Royce, piden que se atienda un derecho constitucional e internacional, algo que quienes nos encargamos de gestionar el erario público deberíamos garantizar”.

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