Como no puede ser de otra manera

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El inicio del curso escolar está resultando caótico debido a la incompetencia en materia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, un gobierno que no está sabiendo, o queriendo, gestionar los recursos tanto humanos como económicos de los que dispone y que, además, ha recibido más de 260 millones de euros, recientemente transferidos desde el Gobierno de Pedro Sánchez, para invertir en educación pública. Esta mala gestión no es puntual ni se debe a un momento de crisis como el que estamos padeciendo ya que la gestión de los diferentes gobiernos del Partido Popular, durante años, secundados ahora por Ciudadanos y apoyados por VOX, no ha ido dirigida, precisamente, a potenciar la educación pública, más bien los contrario.

El objetivo de la educación concertada era que todos los centros se financiasen con la asignación de un módulo económico por cada una de las unidades escolares concertadas, algo que se determina anualmente en los Presupuestos Generales del Estado

La actual situación, además, se está agravando ante la confusión y la falta de transparencia del Ejecutivo regional, una falta de transparencia que esconde, como ya es habitual, que la derecha apuesta por invertir en lo privado antes que en lo público, un modelo que no debería nunca padecer una sociedad que elige a sus gobernantes para que gestionen los recursos, a través de sus impuestos, para desarrollar un sistema de gestión pública y no privada, como ocurre en el caso de la educación con la enseñanza concertada, mal entendida por los diferentes presidentes de la Comunidad de Madrid con los que el Partido Popular viene ‘castigando’ a los madrileños. El Partido Socialista no está en contra de la educación concertada, es más, fue el partido que la puso en marcha en 1985, un sistema diseñado por Ernest Lluc mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

El problema vino cuando desde el Gobierno de España se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas; desde ese momento, el Partido Popular ha apostado por los centros de gestión privada antes que por los públicos, incluyendo nuevas construcciones y becando sistemáticamente un modelo que trata, de manera sibilina, de desviar recursos hacia los centros privados en lugar de apostar por nuevos centros públicos

El objetivo era que todos los centros se financiasen con la asignación de un módulo económico por cada una de las unidades escolares concertadas, algo que se determina anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Las comunidades autónomas podían incrementar esa cantidad, y en el caso de la región madrileña, los módulos económicos se definen en la Ley 1/2004 de 31 de mayo de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Además, la falta de centros escolares públicos y la imposibilidad de construir nuevos centros, por cuestiones económicas, llevó a aquel gobierno socialista a apostar por un sistema público apoyado en el sector privado, regulado económicamente para evitar la segregación, algo que el Partido Popular ha potenciado desde entonces. El problema vino cuando desde el Gobierno de España se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas; desde ese momento, el Partido Popular ha apostado por los centros de gestión privada antes que por los públicos, incluyendo nuevas construcciones y becando sistemáticamente un modelo que trata, de manera sibilina, de desviar recursos hacia los centros privados en lugar de apostar por nuevos centros públicos o dotar de más recursos a los que ya existen. Al asumir las competencias, incluso, el Partido Popular apostó por concertar también la educación infantil de 0 a 3 años, una educación que no es obligatoria y que, sin embargo, resta recursos para la que sí lo es, desviando dinero a centros privados que disponen de estos módulos buscando una fidelización que sufre el sistema público. El argumento de la derecha era que existía una gran demanda y no existían centros suficientes en la educación infantil pública; sin embargo hay que recordar el caso de la Escuela de Educación Infantil Miguel Puerta en Aranjuez, que la Comunidad de Madrid cerró por una supuesta falta de alumnos que, en realidad, no era tal. Los diferentes gobiernos de la derecha interpretan la ley de educación concertada como mejor les conviene, becando a las familias que apuestan por estos centros, que acaban por concluir que la educación concertada es más barata que la pública, en una maniobra de desprestigio del sistema público para argumentar que éste tiene, cada día, menos adeptos. La educación concertada no debería recibir más recursos económicos que la pública, al menos con esta intención nació la ley, pero al asumir las competencias las comunidades autónomas, los diferentes gobiernos del Partido Popular han ido incrementando estos recursos que, proporcionalmente, recoge unas subvenciones por parte del Ejecutivo regional por encima de las que disponen los centros de enseñanza pública, e Isabel Díaz Ayuso ha potenciado este sistema de manera alarmante ‘premiando’, incluso, económicamente a centros que segregan niños y niñas. La apuesta de un Gobierno debe ser el sistema público, en educación, en sanidad, en pensiones. Las políticas progresistas siempre irán dirigidas a las inversiones en centros públicos, ya sean sanitarios o educativos y el presidente del Gobierno lo tiene claro. Las ayudas que se destinen a acondicionar los centros educativos, y las que lleguen desde Europa, deben ir destinadas a la enseñanza pública, como no puede ser de otra manera.

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